En España las reformas son como las rebajas. Son cutres,
llegan tarde y se intenta arreglar en muy poco tiempo todo lo que no se ha
hecho durante años. Viendo el panorama de cada rueda de prensa de la
vicepresidenta Soraya, (ahora que la Liga nos deja huérfanos unos meses, ella
saciará ese hueco que cubría Mourinho), no está el país como para asomar la
cabeza y exponerte a que te la corten. Justo eso es lo que ha hecho esta semana
el Valedor do Pobo (Defensor del Pueblo) en Galicia, Benigno López, planteando
suspender la aplicación de la Ley de la Dependencia y defendiendo, por justos,
necesarios e imprescindibles, los recortes que está aplicando el Gobierno
Central. Declaraciones que excedían en todo punto las funciones a las que se
debe limitar el Valedor do Pobo, que son las de defensa de los derechos de los
ciudadanos y no la de realizar pronunciamientos políticos.
Y es que no es simplemente el bombo de sus palabras, con las
que se podrá estar de acuerdo o no, sino el hecho de poner en la picota a una
institución que pasaba desapercibida para la opinión pública. Desde su creación en la Constitución de 1978 y
el posterior comienzo de su actividad en el 1982, el Defensor del Pueblo se
articula como uno más de los órganos constitucionales que habían de servir como
contrapunto y equilibro de poderes en nuestra democracia, salvaguardando los
derechos de los ciudadanos. Pero el proceso no se detuvo ahí, sino que, en
correspondencia al desarrollo del Estado Autonómico, se creó una versión del
Defensor del Pueblo en numerosas Comunidades Autónomas, generalmente por vía
estatutaria, como es el caso de Cataluña, País Vasco, Canarias, Galicia,
Valencia, Baleares o Cantabria entre otras. Ya conocen la copla, gastos
superfluos, duplicidad en las Administraciones Públicas…
Y si bien este órgano no recibe instrucciones de ninguna
autoridad, y desempeña sus funciones con autonomía, gozando de inviolabilidad e
inmunidad durante su permanencia en el cargo, la realidad es la que es y, si el
propio Tribunal Constitucional está continuamente señalado por su politización,
qué vamos a descubrir hoy de órganos como los Defensores del Pueblo y
autonómicos, cuyos Defensores son nombrados a dedo por los grandes partidos
políticos, dejando aquello que contaba Montesquieu de la separación de poderes
en “El espíritu de las leyes” como una rémora del pasado.
La radiografía de la situación es clara. Órganos
politizados, sueldos elevados por trabajos irrisorios, excesivas duplicidades
autonómicas, gastos innecesarios, funciones mal cumplidas con salidas de tono
como la de esta semana y posibilidad de ahorro fácil y efectista. ¡Qué puñetas!
Yo, la verdad, también prefiero que supriman a mi Valedor do Pobo que al médico
de mi consulta.
Y ahora, ¿de dónde seguimos recortando?
¡Eres un lince!
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